Financiamiento
Financiamiento
Hasta aquí, la narrativa del acuífero, su sobreexplotación e impactos que genera, lo ubican como una fuente obligatoria de abastecimiento para surtir la demanda insatisfecha por otras fuentes. En general, se considera que la tolerancia de la sobreexplotación y la sobre concesión obedecen a la escasez de agua en las fuentes. Se toleran las pérdidas del 40% en las redes urbanas de distribución o del 60% en riego agrícola. En otras palabras, se tolera la sobreexplotación y la sobre concesión para reponer esas pérdidas en redes. Conviene detenerse un poco en esta cuestión.
Hasta aquí, la narrativa del acuífero, su sobreexplotación e impactos que genera, lo ubican como una fuente obligatoria de abastecimiento para surtir la demanda insatisfecha por otras fuentes. En general, se considera que la tolerancia de la sobreexplotación y la sobre concesión obedecen a la escasez de agua en las fuentes. Se toleran las pérdidas del 40% en las redes urbanas de distribución o del 60% en riego agrícola. En otras palabras, se tolera la sobreexplotación y la sobre concesión para reponer esas pérdidas en redes. Conviene detenerse un poco en esta cuestión.
La principal responsabilidad de la autoridad del agua es preservar la sustentabilidad de las fuentes. Y debería asumir ese papel. No es responsable de la eficiencia o los negocios de los usuarios. Necesita robustecer sustancialmente su capacidad administrativa, técnica y jurídica. Hacer o financiar obras en beneficio de los usuarios, que la Ley le atribuye también como una función, es lo que la puede convertir en juez y parte, debido a que tampoco ha tenido la capacidad necesaria para resolver todos los problemas. Fortalecer la administración del agua no constituye un problema financiero mayor. Es un problema de voluntad política y prioridades. Y finalmente, el acuífero ha sido utilizado como un medio de subsidio a todos los usuarios que resulta insostenible y representa ya, con sus impactos asociados, un costo que sale de toda proporción.
Los programas presupuestales (federalizados) que ha utilizado el gobierno federal para apoyar a los gobiernos y organismos locales, no han funcionado eficazmente para impulsar el mejoramiento de servicios y eficiencias en la gestión del agua por diversas razones. Una razón fundamental es que queda a cargo la contraparte local a la suerte de dichos gobiernos y organismos sin establecer requisitos como la autonomía de operación basada en tarifas adecuadas y cobranza eficaz, dejando el subsidio como responsabilidad del organismo operador. Se intentó en el pasado con el Fideicomiso 1928, impulsar una tarifa sostenible, pero no funcionó. Las reglas de operación de los programas son demasiado generales y difícilmente se apegan a los requerimientos específicos de cada localidad. Habiendo delegaciones estatales y regionales de la federación, estas deberían trabajar con los organismos locales para confeccionar “trajes a la medida” en todas las localidades urbanas.
El reto financiero en el Valle de México se refiere a las inversiones necesarias para:
2. el desarrollo de tecnología e infraestructura para un aprovechamiento más eficiente del agua superficial, que incrementa la disponibilidad en la metrópoli y beneficia a los usuarios de agua,
3. la rehabilitación y modernización de sistemas de abastecimiento, regulación y distribución de agua, con beneficios directos para los usuarios de agua y, en particular, para quienes no la reciben adecuadamente,
4. el tratamiento y reúso de las aguas residuales, con beneficios para toda la población en el Valle y, en particular, para los usuarios que aportan descargas al drenaje sanitario.
5. El desalojo oportuno de agua de lluvia que no pueda ser conservado en la cuenca a fin de evitar inundaciones.
El problema financiero lo tienen las instancias responsables de suministrar los servicios y, a fin de cuentas, sus beneficiarios que, como se enuncia, no son solamente los usuarios de agua.
Pero las inversiones y costos de operación de las acciones 2 a 5, exceptuando la infraestructura construida y operada por la CONAGUA, son responsabilidad de las instancias locales, que pueden recibir el apoyo federal.
Las cifras de inversión, operación y mantenimiento que se han estimado necesarias para caminar en el sentido de un desarrollo sostenible de los sistemas urbanos de agua y saneamiento, con una nueva tendencia sustentable del ecosistema y sus recursos hídricos, oscilan entre el 0.7% y el 1% del PIB que genera la cuenca (más de 3 billones de pesos). Es decir, un presupuesto de 30 mil millones de pesos, sostenido cuando menos durante una década.
De esta inversión, las componentes de restauración de cuencas, captación pluvial, drenaje pluvial y saneamiento representan el 40% o 50% y no tienen por qué asociarse a la tarifa de agua potable. Conviene considerar que constituyen acciones que mejoran los atributos y generan plusvalía de los predios.
Por otra parte, si la política de servicios públicos considera la conveniencia de subsidiar a la población de menores ingresos, por ejemplo, con el 50% de su recibo de agua, y suponiendo que se trata del 50% de la población, la hacienda pública debe aportar a los usuarios $3,750 millones de pesos al año para que paguen su recibo. O bien $7,500 millones si considera el doble de la cifra anterior. En varios países se ha adoptado la práctica de integrar los recibos de agua a los de la energía eléctrica. Es una práctica aconsejable para no hacer necesaria la suspensión del servicio de agua (derecho humano), y suspender el suministro de la corriente eléctrica a los usuarios morosos. En cualquier caso, es necesario intensificar supervisión y vigilancia.
